A tres días de las elecciones de medio término, una jueza federal le puso un freno de emergencia a la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra los funcionarios electorales del país.
La jueza de distrito Trina Thompson, del Distrito Norte de California, emitió el viernes por la noche una orden de restricción temporal. Mientras esté vigente, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no pueden exigirle a los funcionarios electorales de ningún estado que aparten boletas, purguen votantes de las listas o detengan el procesamiento de los votos.
La orden también les prohíbe amenazar con procesar criminalmente a los funcionarios electorales, o intimidarlos y presionarlos para que cambien sus procedimientos con el argumento de que ciertos votantes no son elegibles. Además, obliga al gobierno a informar a la corte de cualquier orden de registro, citación de gran jurado u otra exigencia para acceder a materiales electorales o boletas relacionada con las listas de supuestos votantes inelegibles.
“Aunque los demandados aseguran que sus acciones buscan frenar el voto ilegal de no ciudadanos, lo más probable es que tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del voto a votantes legales”, escribió Thompson.
La jueza también desmontó uno de los argumentos que el gobierno ha repetido durante meses. Según su opinión, los empleados estatales y locales que distribuyen, procesan o cuentan boletas conforme a la ley no violan ninguna ley penal federal, aunque el gobierno alegue que una boleta pertenece a alguien inelegible. Thompson concluyó además que las acciones del gobierno probablemente violan la Ley de Derecho al Voto de 1965 y la Cláusula de Elecciones de la Constitución.
La demanda fue presentada por los sindicatos SEIU y AFSCME junto a la NAACP y LULAC. La orden vence el 16 de noviembre, por lo que cubre también los días del conteo.
El DOJ apela
El Departamento de Justicia apeló la orden el sábado. Un portavoz criticó que la jueza decidiera sin escuchar primero al gobierno. Por ahora no hay fecha para una decisión del Noveno Circuito.
Una semana de reveses en las cortes
La orden llega en medio de varios reveses judiciales para el gobierno. En California, el DOJ exigió apartar las boletas de unas 20.000 personas que considera posibles no ciudadanos y dio 48 horas para verificarlas. En corte, su abogado no pudo explicar el origen de la lista, más allá de que fue comprada a un tercero, y el estado la calificó de desactualizada.
El Noveno Circuito rechazó dos veces esta semana los pedidos de emergencia del DOJ en ese caso. En su decisión del viernes, el tribunal concluyó que no hay forma factible de apartar las boletas de personas específicas sin efectos potencialmente catastróficos para todo el sistema. Ese mismo día, otro panel mantuvo congeladas hasta después de las elecciones las investigaciones federales sobre voto de no ciudadanos en nueve estados.
En Alaska, el DOJ demandó para impedir la certificación de la elección al Senado si el republicano Dan Sullivan pierde frente a Mary Peltola. Su argumento es que la presencia en la papeleta de otro candidato llamado Daniel J. Sullivan confunde a los votantes. Trump dijo públicamente que fue él quien ordenó esa demanda. El estado de Alaska pidió desestimarla.
La puerta que queda abierta
El trasfondo es el esfuerzo del gobierno por ampliar el control federal sobre las elecciones sin que el Congreso haya aprobado la Ley SAVE. Ese esfuerzo incluye una orden ejecutiva sobre el voto por correo, listas de ciudadanía de Seguridad Nacional y una regla del Servicio Postal.
En septiembre, el Tribunal Supremo bloqueó esa regla para estas elecciones, pero no la descartó. El juez Brett Kavanaugh escribió que podría estar dentro de la autoridad del Servicio Postal y que el problema era la falta de tiempo para aplicarla en 2026. Para los defensores del derecho al voto, esa ventana deja abierta la puerta a que la regla regrese en 2028.
Mientras tanto, funcionarios electorales de varios estados, como Florida, Arizona y Georgia, recomiendan a quienes aún tienen su boleta por correo entregarla en persona o votar presencialmente, para evitar que llegue tarde. Las reglas varían por estado, por lo que se recomienda consultar con la oficina electoral local.
Foto por Ale_Mi/deposiphotos.com
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