A solo días del 3 de noviembre, el gobierno de Donald Trump ha convertido los tribunales federales en un campo de batalla electoral. El frente más caliente está en California, donde el Departamento de Justicia (DOJ) pide que no se cuenten las boletas de más de 20,000 personas que el gobierno federal califica como “probables” no ciudadanos. Pero no es un caso aislado. Es parte de un patrón que va desde Alaska hasta el Servicio Postal, y que ha encendido todas las alarmas entre funcionarios electorales y defensores del voto.

La memoria USB y las 48 horas

Todo comenzó cuando el DOJ le envió a California una memoria USB con la contraseña escrita a mano en una nota adhesiva, que según el gobierno contenía los nombres de 20,000 sospechosos de no ser ciudadanos inscritos para votar. El DOJ les dio a los funcionarios electorales 48 horas para revisar la lista y apartar esas boletas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, exigió que se dejaran de enviar boletas a esas personas y que no se contaran las que ya habían llegado hasta verificar su ciudadanía.

Cuando California se negó, el DOJ demandó al estado y al condado de Los Ángeles el 15 de octubre, una semana después de que las boletas por correo se enviaran a todos los votantes inscritos. El fiscal federal Trent McCotter advirtió además a los funcionarios del condado que facilitar a sabiendas votos ilegales podría exponer a los trabajadores electorales a cargos criminales federales. Luego, la presión llegó a las oficinas locales: fiscales federales enviaron cartas a numerosos registradores de condados exigiendo que apartaran las boletas de votantes marcados en la lista.

Las cifras del propio gobierno no cuadran. Su estimado bajó de más de 190,000 en julio a unos 20,000 hoy. Y aunque dice que podría haber más de 20,000 no ciudadanos inscritos ilegalmente, hasta ahora solo ha acusado a 28 personas en California de delitos relacionados con el voto. NPR reportó incluso que algunas personas en la lista de “probables no ciudadanos” parecen haber nacido en Estados Unidos.

California da la pelea

California no se ha doblegado. El fiscal general Rob Bonta acusó a Trump de alimentar temores infundados de fraude y de intentar intimidar a los votantes. El gobernador Gavin Newsom fue más directo: acusó al gobierno de exigirles a los funcionarios electorales de California que violen la ley federal y afirmó que las elecciones del estado no le pertenecen a Trump. El condado de Los Ángeles ni siquiera intentó abrir la memoria USB porque no cumplía con sus estándares de seguridad.

El estado también se blindó por ley. Newsom firmó una serie de leyes electorales que crean nuevas penas de delito grave por confiscar boletas y documentos electorales, restringen ciertas actividades policiales cerca de los centros de votación y amplían el acceso a los puntos de entrega de boletas.

Marc Elías y su firma, en primera línea

En los tribunales, el bufete de Marc Elías está dando la batalla. Elias Law Group presentó una moción para intervenir en el caso en nombre de dos organizaciones sin fines de lucro: la Red de Servicios, Derechos y Educación para Inmigrantes (SIREN) y Mi Familia en Acción. Sus abogados argumentan que la exigencia del DOJ no tiene base legal y que llega dentro de la ventana de 90 días antes de una elección federal, cuando la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe las purgas sistemáticas de las listas.

El socio del bufete Uzoma Nkwonta lo resumió así: con las boletas ya en manos de los votantes, el DOJ pide tirar a la basura los votos de miles de californianos basándose en una lista secreta entregada en una memoria USB, cuando ninguna ley federal le permite decidir qué boleta cuenta. Las organizaciones representadas por Elías también advirtieron que la demanda contra California podría violar una orden judicial que le prohíbe al DOJ intentar moldear por su cuenta las listas de votantes de los estados. La firma de Elías también figura en una nueva demanda presentada por los demócratas el 22 de octubre para frenar la interferencia del DOJ y del DHS en las elecciones.

Una audiencia de domingo que no le salió bien al DOJ

El domingo, el gobierno tuvo un mal día en corte. Un panel de tres jueces del Noveno Circuito escuchó casi dos horas de argumentos en una inusual audiencia dominical sobre el pedido de emergencia del DOJ. Dos de los jueces dudaron de tener jurisdicción y cuestionaron seriamente el argumento de que la ley federal anula el derecho de California a administrar sus elecciones.

El juez Mark Bennett, nombrado por el propio Trump, interrumpió al abogado del DOJ y le dijo que no veía cómo tenían jurisdicción. Bennett también le reprochó al gobierno que eligió presentar la demanda dos o tres semanas antes de la elección, cuando pudo hacerlo mucho antes. El abogado de California, Sam Siegel, lo llamó una emergencia creada por el mismo gobierno.

El abogado del DOJ tampoco pudo explicar cómo armaron la lista, qué papel jugó un tercero no identificado que analizó los datos ni cómo obtuvieron la lista de votantes de California. El juez Patrick Bumatay, otro nombrado por Trump, fue el más receptivo al gobierno. El panel prometió decidir lo antes posible, y la jueza de distrito tiene audiencia este martes 27 de octubre.

Lo que está en juego va más allá de California: el DOJ amenaza con demandas similares para frenar el conteo o la certificación en varios estados.

Alaska: una demanda para no certificar si pierde el republicano

Ese riesgo ya se materializó en Alaska. El DOJ presentó una demanda para impedir la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan Sullivan pierde ante la demócrata Mary Peltola, alegando confusión por otro Dan Sullivan que aparece en la boleta. La demanda pide no certificar si Sullivan pierde y si, sumando los votos del otro Sullivan, el senador hubiera ganado. Trump presumió que fue él quien ordenó la demanda. El otro Sullivan niega querer confundir a nadie, y el Tribunal Supremo de Alaska le permitió aparecer en la boleta en junio.

La campaña de Peltola y el Comité Senatorial Demócrata pidieron desestimarla, calificándola de totalmente infundada y advirtiendo que plantea profundas preocupaciones constitucionales. Temen que Trump y el fiscal general Todd Blanche la usen para preparar el terreno para impugnar ilegalmente un posible triunfo de Peltola.

Mil monitores federales en las urnas

A esto se suma un despliegue sin precedentes. El DOJ planea enviar unos 1,000 monitores electorales a todo el país, muy por encima de los cerca de 289 de las elecciones de medio término de 2022 y los 714 de 2024. La División de Derechos Civiles, que normalmente organiza ese trabajo, tiene apenas 353 puestos autorizados, incluidos 193 abogados. En Minnesota, el condado de Hennepin rechazó el pedido del DOJ de poner monitores federales dentro de los centros de votación durante las primarias de agosto.

El intento fallido con el correo y el DHS

El gobierno también intentó controlar el voto por correo, y fracasó. La orden ejecutiva de Trump pedía al DHS compilar una lista de ciudadanos confirmados y al Servicio Postal (USPS) imponer nuevas restricciones al voto por correo. Bajo esa regla, el Correo se habría negado a entregar boletas a ciertos votantes. La jueza Indira Talwani escribió que ninguna ley aprobada por el Congreso le delega al USPS autoridad para controlar el voto por correo. El 14 de septiembre, el Tribunal Supremo dejó vigente el bloqueo hasta las elecciones, y el Correo no puede negarse a entregar boletas.

Por qué preocupa

Funcionarios electorales de todo el país están observando el caso de California y preparándose como si ellos fueran los próximos. Dana Lewis, funcionaria electoral republicana del condado de Pinal, Arizona, lo dijo así a NPR. El temor de los expertos es que estas acusaciones se usen para que agentes federales intenten confiscar boletas durante el conteo.

El mensaje para los votantes es claro: tu voto sigue siendo legal y debe contarse. Vota, verifica tu inscripción y, si ves algo irregular, repórtalo a tus funcionarios electorales locales. El 3 de noviembre está a la vuelta de la esquina.