Un juez federal dictaminó este martes 27 de octubre que Bill Essayli, quien dirige la Fiscalía federal del Distrito Central de California, está sirviendo ilegalmente como fiscal federal «de facto». El juez de distrito J. Michael Seabright, nombrado por George W. Bush, lo descalificó para participar en dos procesos penales o supervisar a los fiscales que los llevan, según reportó CBS News.

Los casos son los de Jaime Héctor Ramírez, acusado de posesión de armas y municiones siendo un delincuente convicto, y Tu Anh Tran, acusado de poseer mercancía robada de un envío interestatal. El juez no anuló las acusaciones y le dio al gobierno cinco días hábiles para pedir que se suspenda la orden mientras apela. El Distrito Central de California es el distrito judicial federal más grande del país, con siete condados y cerca de 20 millones de habitantes, según CBS News.

Essayli, exasambleísta estatal republicano, fue juramentado como fiscal interino en abril de 2025. Cuando se vencieron los 120 días que permite la ley, la entonces fiscal general Pam Bondi lo nombró «abogado especial» y «primer asistente» de la fiscalía para mantenerlo al mando. Trump nunca lo nominó formalmente y el Senado nunca lo confirmó, según Fox News.

No es la primera vez que este juez le dice que no. En octubre de 2025, Seabright ya había concluido que Essayli ocupaba ilegalmente el cargo de fiscal interino desde el 29 de julio, aunque le permitió seguir como primer asistente. Essayli respondió entonces en redes sociales con un «Nada está cambiando», según reportó Associated Press. Después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló contra un arreglo idéntico en Nevada, el ahora fiscal general Todd Blanche firmó en septiembre una nueva designación que recortaba en el papel los poderes de Essayli. Seabright concluyó que el cambio fue cosmético: en la práctica, Essayli sigue ocupando el puesto vacante de fiscal federal, según Fox News.

La respuesta de Essayli fue la misma de siempre: que la decisión final será de la Corte Suprema y que piensa seguir en su cargo hasta entonces, según declaró a Fox News. El fallo llega mientras Essayli encabeza la ofensiva del Departamento de Justicia para que California separe las boletas de unos 20,000 votantes que el gobierno considera posibles no ciudadanos, a días de las elecciones de medio término.

La ley que la Casa Blanca decidió ignorar

La regla es sencilla. Un fiscal federal tiene que ser nominado por el presidente y confirmado por el Senado. Mientras eso ocurre, el fiscal general puede nombrar a un interino por 120 días. Si en ese plazo no hay un fiscal confirmado, la ley le pasa el nombramiento a los jueces federales del distrito, no a la Casa Blanca ni al Departamento de Justicia.

La administración Trump encontró la forma de darle la vuelta: cuando se acaban los 120 días, el interino renuncia, lo nombran «primer asistente» y el gobierno alega que eso lo convierte automáticamente en fiscal en funciones. Cuando los jueces nombran a otra persona, el Departamento de Justicia la despide. Según Associated Press, la estrategia fue diseñada para evitar la confirmación del Senado, un proceso que normalmente exige cierto apoyo de ambos partidos, como reportó ABC7.

Lindsey Halligan: el caso que lo dejó todo al descubierto

El 20 de septiembre de 2025, Trump publicó en Truth Social un mensaje dirigido a «Pam» en el que se quejaba de que no se estaba haciendo nada contra sus enemigos: «¿Qué pasa con Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia???», escribió, según NBC News. The Wall Street Journal reportó que el mensaje supuestamente iba a ser privado. En la misma publicación, Trump elogió a Lindsey Halligan y cerró exigiendo que se hiciera justicia «AHORA», según recogió Mediaite.

Días antes había salido de la fiscalía del Distrito Este de Virginia Erik Siebert, un fiscal de carrera que estaba bajo presión para acusar a Comey y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Trump dijo después que él lo había despedido. En su lugar pusieron a Halligan, una abogada de seguros y exasesora de la Casa Blanca sin ninguna experiencia como fiscal. Cinco días después del mensaje a Bondi, Halligan presentó el caso contra Comey ante un gran jurado, según NBC News. El 9 de octubre logró la acusación contra Letitia James por presunto fraude hipotecario.

Ambos casos se derrumbaron el 24 de noviembre de 2025. La jueza Cameron McGowan Currie concluyó que el nombramiento de Halligan era inválido y que todo lo que se derivó de él, incluidas las dos acusaciones, fue un ejercicio ilegal del poder ejecutivo, según reportó NPR. Halligan fue la única fiscal que presentó los casos y firmó las acusaciones, así que no hubo nada que salvar. La jueza desestimó los cargos sin perjuicio, pero en el caso de Comey el plazo de prescripción ya había vencido, según la Universidad de Wisconsin.

El Departamento de Justicia intentó volver a acusar a Letitia James y fracasó dos veces en una semana: un gran jurado en Norfolk se negó el 4 de diciembre y otro en Alexandria se negó el 11 de diciembre. Su abogado, Abbe Lowell, advirtió que cualquier nuevo intento sería «una burla a nuestro sistema de justicia», según CNN.

Halligan siguió firmando documentos como fiscal federal como si el fallo no existiera. En enero de 2026, el juez David Novak, nombrado por el propio Trump, le ordenó dejar de usar el título y calificó su supuesto liderazgo de «farsa», según Bloomberg Law. Ese mismo día Halligan salió del Departamento de Justicia, y la jueza principal del distrito comenzó a buscar candidatos para nombrar a un fiscal interino, tal como manda la ley. El Departamento de Justicia apeló ante el Cuarto Circuito, y en la audiencia de septiembre de 2026 sus abogados describieron el problema como un simple «error en el título», según Law&Crime. El panel se mostró escéptico, según reportó Above the Law.

Alina Habba: misma maniobra, mismo resultado

Alina Habba, exabogada personal de Trump, fue juramentada como fiscal interina de Nueva Jersey el 28 de marzo de 2025. Trump la nominó en junio, pero el Senado nunca actuó: los senadores demócratas Cory Booker y Andy Kim le negaron su apoyo y la acusaron de llevar procesos con motivación política, según Fox. Durante su gestión, su oficina arrestó al alcalde de Newark, Ras Baraka, con un cargo de allanamiento que luego retiró, y acusó de agresión a la congresista LaMonica McIver.

Cuando se venció su plazo en julio, los jueces del distrito nombraron a su segunda al mando, Desiree Leigh Grace. Bondi despidió a Grace y le dio a Habba los títulos de abogada especial y primera asistente. En agosto de 2025, el juez Matthew Brann concluyó que Habba servía sin autoridad legal, y el 1 de diciembre un panel del Tercer Circuito confirmó el fallo por unanimidad, según ABC News. Los abogados que impugnaron el nombramiento señalaron que era la primera vez que una corte de apelaciones le decía a Trump que no puede saltarse esos procesos para colocar a quien quiera, según CNBC.

Habba renunció días después con un mensaje desafiante: «no confundan el cumplimiento con la rendición», según reportó KATV. Bondi la convirtió en asesora principal para todas las fiscalías federales del país. En enero de 2026, el pleno del Tercer Circuito se negó a revisar el caso por 11 votos contra 3, y dos de los jueces que votaron en contra del gobierno fueron nombrados por Trump, según Raw Story. En el caso de Habba, el fallo no anuló los cargos de los acusados que impugnaron su nombramiento.

No son casos aislados

En Albany, Nueva York, la jueza Lorna Schofield concluyó en enero de 2026 que John Sarcone tampoco ocupaba legalmente el cargo y anuló las citaciones que su oficina le había enviado a la fiscalía de Letitia James, relacionadas con su demanda por fraude contra Trump y con su caso contra la NRA, según la Associated Press. Una corte de apelaciones confirmó después esa decisión. Según Courthouse News, Sarcone fue el quinto fiscal interino de Trump descalificado.

En Nevada, el Noveno Circuito confirmó en agosto de 2026 la descalificación de Sigal Chattah. El juez Eric Miller, nombrado por Trump, escribió que el fiscal general no puede crear un fiscal federal en funciones «de facto» repartiéndole todos los poderes del cargo, según The Hill. Ahora el gobierno llevó los casos de Chattah y Sarcone a la Corte Suprema. El procurador general John Sauer alega que esta es una herramienta que el poder ejecutivo ha usado durante 25 años sin mayores objeciones, según SCOTUSblog.

Fiscales a la medida para perseguir enemigos

Para los demócratas y muchos analistas legales, el patrón no es casualidad. Los nombres de la lista de Trump son los mismos que terminaron en manos de estos fiscales: Comey y Letitia James en Virginia, y otra vez Letitia James en Albany. Cuando Trump publicó su mensaje a Bondi, el senador Adam Schiff respondió que ya no hay forma de esconder la represalia política y que todo está a la vista, según The Gazette. Schiff también dijo que el objetivo de Trump es silenciar e intimidar a la gente, según The National News Desk.

Los senadores de Nueva Jersey afirmaron que el fallo contra Habba les dio la razón sobre los pasos extraordinarios e ilegales que tomó el gobierno para mantenerla sin confirmación del Senado, según ABC News. Y la exjueza federal Nancy Gertner explicó a CNN que perder ante un gran jurado, algo que casi nunca ocurre, es una de las mejores señales de que un caso no debió presentarse.

La lógica es clara. Un fiscal confirmado por el Senado, o nombrado por jueces independientes, responde a la ley. Un fiscal colocado a dedo, que le debe el puesto al presidente y que puede ser removido en cualquier momento, responde a quien lo puso ahí. Por eso, cuando los jueces nombran a alguien, el Departamento de Justicia lo despide. Y por eso, a pesar de una derrota tras otra en los tribunales, la Casa Blanca sigue intentándolo.

Bill Essayli dice que no se va hasta que hable la Corte Suprema. Después de Halligan, Habba, Sarcone y Chattah, la pregunta ya no es si este gobierno respeta el proceso de nombramiento. Los tribunales ya contestaron que no. La pregunta es cuántos casos más tendrán que caerse antes de que alguien en Washington lo admita.

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