CHICAGO — El Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump cruzó una nueva línea en su enfrentamiento con los tribunales. En un escrito judicial, la agencia le advirtió a una jueza federal que el presidente tiene el poder de detener cualquier caso de desacato criminal contra fiscales federales de Chicago, mientras se negaba a cooperar con la investigación de la magistrada sobre posible conducta criminal.
Quien firmó el documento fue Stanley Woodward, el funcionario de tercer rango en el Departamento de Justicia, y lo presentó ante la jueza federal April Perry justo cuando vencía el plazo para que los fiscales entregaran los registros que ella había pedido tres semanas antes. Lo hizo un viernes, a días de las elecciones del 3 de noviembre.
Un caso que se vino abajo
El origen está en el caso conocido como “Broadview Six”. Seis manifestantes fueron acusados durante la Operación Midway Blitz, la ofensiva migratoria de Trump en Chicago, hace un año. El caso colapsó en mayo, después de que Perry descubrió aparente conducta indebida ante el gran jurado.
Desde entonces, la jueza investiga si los fiscales fueron honestos con ella. En marzo, los fiscales le aseguraron que no hubo comunicación alguna con nadie fuera de su oficina sobre la decisión de presentar cargos, incluida la Casa Blanca y la sede del Departamento de Justicia. Pero en una audiencia el 1 de octubre, el fiscal Nathaniel Whalen reconoció que esas comunicaciones podrían existir, aunque alegó que ocurrieron después de la decisión de acusar.
En esa audiencia, Perry habló abiertamente de la posibilidad de un “encubrimiento” y cuestionó si los fiscales de Chicago consultaron a altos funcionarios en Washington sobre el caso. La jueza aún no ha decidido si nombrará un fiscal especial para investigar posibles irregularidades en la oficina del fiscal federal Andrew Boutros. Perry tampoco ha determinado hasta ahora que haya existido conducta indebida intencional.
La carta de los indultos
El escrito de Woodward no solo cerró la puerta a cooperar. Woodward escribió que el gobierno no había acordado entregar ninguna información, desconociendo un acuerdo que la jueza dijo que el gobierno había hecho con ella. Además, alegó que la orden de Perry no era una orden obligatoria, porque usaba palabras como “pedir” y “solicitar”.
Y luego vino la parte más grave. Las reglas federales permiten que un juez nombre a otro abogado para procesar un desacato cuando el gobierno se niega a hacerlo. Woodward sostuvo que eso sería inconstitucional cuando el investigado es un funcionario del Ejecutivo, y sacó a relucir el poder de indulto. Según el escrito, está bien establecido que el poder de indultar se extiende al desacato criminal, y permitir que un abogado nombrado por la corte procese sin supervisión del Ejecutivo violaría la facultad del presidente de ordenar que no se siga procesando a nadie.
Traducido al lenguaje de la calle: si la jueza nombra un fiscal independiente, el presidente puede borrar el caso con un indulto.
El detalle que lo hace aún más escandaloso: el escrito indica que si el fiscal general no pudiera supervisar a ese fiscal especial, la tarea pasaría al fiscal general adjunto y luego al fiscal general asociado, es decir, al cargo del propio Woodward. El gobierno investigado se propone como supervisor de la investigación.
Quién es Stanley Woodward
Woodward fue abogado personal de aliados de Trump. Representó a Joe Biggs, uno de los líderes de los Proud Boys, y lleva en su cargo actual desde noviembre de 2025. Cuando fue nominado, el senador demócrata Dick Durbin advirtió que Woodward nunca había trabajado en el Departamento de Justicia antes de este gobierno y que su mérito principal era su lealtad a Trump.
No es la primera vez que choca con un tribunal. En octubre, él solo firmó una moción acusando de mala conducta a la jueza Ana Reyes, en Washington, y exigiendo que se recusara de un caso. Reyes rechazó la moción y señaló que llevaba nueve meses fallando a favor del gobierno. Esa misma semana, Reyes anunció que nombraría un perito especial para evaluar si el propio Woodward le mintió.
Lo que viene
La jueza Perry no ha respondido todavía. En su orden del 1 de octubre, designó al profesor de derecho de la Universidad de Chicago William Baude para argumentar en contra de la posición del Departamento de Justicia sobre si ella puede nombrar un fiscal para el desacato. Su escrito vence el 2 de diciembre.
Lo que está en juego va mucho más allá de Chicago. Si el Ejecutivo puede ignorar las peticiones de un tribunal y, al mismo tiempo, anunciar que cualquier castigo por desacato será anulado con un indulto, los jueces federales se quedan sin la herramienta más básica para hacer cumplir sus órdenes. Eso es, a plena luz del día, una crisis constitucional.
Foto por thenews2.com/DEPOSIPHOTOS.COM
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